España entra en el ¡Sálvese quien pueda!

En España hoy predomina la perplejidad. Nuestro Estado de Derecho hace aguas de la mano del ‘Poder Judicial’ que se ha decantado por favorecer la impunidad del franquismo y de la mano de ‘Poder financiero’ que acaba de imponer el fin del Estado inacabado de Bienestar, la misma línea que el FMI ha estado recomendando a las economías latinoamericanas.

Sobre el papel del CGPJ en el acoso y derribo al juez que cometió la osadía de investigar los crímenes del franquismo, la reacción de la prensa internacional nos devuelve la imagen cual espejo; representativo es la contundencia del editorial del New York Times: Injusticia en España.

¿Tenía el CGPJ otra posibilidad? Por supuesto que SÍ!. Podría haber votado que NO, y con ello no permitir la instrumentalización personal de esta especie de ‘vendetta’ y dejar que el proceso siguiese su ritmo y tiempo.

Sobre la mesa del debate y la acción política queda el análisis de la responsabilidad, compartida por los partidos políticos mayoritarios – hoy gobierno y oposición – por la extrema politización de este órgano judicial que debería ser el baluarte de la separación de poderes.

Sobre las perspectivas de orientar la ‘salida de la crisis’ hacia otro modelo de sociedad, superando los excesos e inefeiciencias del pasado; ¿qué decir? atrás queda ya esa ilusión infantil de creerse que íbamos a cambiar el sistema; la (sin)razón de los poderes fácticos de este siglo, mercado incluído, ha ganado la baza ante un gobierno ya tocado por su falta de reacción.

¿Tenía el gobierno otra posibilidad que la del Plan de ajuste anunciado? Por supuesto que SÍ!

1.- Podría haber considerado la necesidad de una mayor recaudación para reducir el déficit: recuperación del Impuesto de Patrimonio, aumentar la tributación de las SICAV (que tributan al 1%), establecer una tasa a los grandes bancos, subir la tarifa del IRPF a las rentas más altas, etc.

2.- Podría haber reducido el gasto público, considerado otro tipo de gastos para una mayor coherencia de la ‘política de bienestar’ que se pretendía desarrollar hasta ahora: Más de 7.000 millones de euros es el importe de la financiación pública a la Iglesia católica: ¿qué sigue justificando ese trato de favor?; 30.000 millones se destinan a subvencionar actividades empresariales: ¿qué indicadores de rentabilidad y eficiencia sostienen este gasto?; 2.000 millones nos cuesta mantener la desgravación por ‘declaración conjunta’ que existe en el IRPF, que es un gasto antieconómico, antisocial y discriminatorio para las mujeres como reconoce la propia Ley de Reforma del IRPF (2006) en su exposición de motivos; más de 20.000 millones es el importe que se destina a gasto militar y armamentístico; en fin, que de haber querido hacer otro giro, hubiera sido posible incluso reducir los gastos de la ‘Casa Real’.

Definitivamente, no son buenos tiempos.

Cuando las instituciones se deslegitiman así mismas con sus actuaciones, el Estado de Derecho se resiente, la desconfianza se instala en la ciudadanía y la ‘sospecha’ sobre los intereses de los procedimientos alimenta nuevas dinámicas de rebeldía. De ahí a que la violencia se enarbole como estrategia de ‘vuelta al orden’ hay una distancia mínima.