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De la reforma constitucional, el déficit democrático y la recesión económica

Os dejo el enlace al artículo de mi colaboración de agosto en LibrodeNotas

¿Qué hace un gobierno socialdemócrata (o lo que queda) liquidando a corto plazo el estado de bienestar embrionario de España, cercenando las posibilidades de recuperación futura y secuestrando las vías de participación democrática?

La reforma constitucional exprés pactada entre los dos grupos mayoritarios (gobierno y oposición) incluirá el objetivo de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna, supeditando a una futura Ley orgánica en 2012 la concreción de las cifras del déficit público. Este pacto no es el desarrollo de ninguno de los programas electorales, ya que ni PSOE ni PP lo incluyeron en su programa electoral; tampoco surge de un debate previo sobre la necesidad o conveniencia de la misma. Así pues, coincido con quienes como primera reacción a esta noticia lanzaron la pregunta de si era realmente necesario. Pues bien, lo cierto es que no, ni en el fondo ni mucho menos en la forma.

La estabilidad presupuestaria ya es uno de los principios de buen gobierno incluidos en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, sólo había que cumplirlo. Así que, si este no era el verdadero objetivo de la reforma, habrá que preguntarse de qué se trataba realmente. La explicación la aporta el propio texto del nuevo artículo 135 al establecer la prioridad absoluta del pago de los intereses y la devolución de la deuda (a inversores y especuladores del mercado). Es decir, que si en algún momento el déficit (diferencia entre gastos e ingresos) se evidencia de manera que el Estado no dispone de ingresos suficientes para hacer frente a todos sus compromisos de pago (servicios públicos de sanidad, educación, dependencia, prestaciones económicas por pensiones, por desempleo, por maternidad/paternidad, transferencias a las CCAA, devolución de la deuda pública, etc.) la prioridad sería el pago de los intereses y la devolución de la deuda antes que los servicios básicos que garantizan los derechos de la ciudadanía. Es patético que en aras de intentar tranquilizar a ‘la voracidaad de los mercados’ se haya optado deprisa y corriendo por constitucionalizar el abandono del Estado de Bienestar sin permitir a la ciudadanía opinar al respecto de una decisión que tendrá consecuencias sobre las condiciones de vida de esta y próximas generaciones. Esta reforma significa: reforzar el gesto político iniciado hace ya más de un año , consolidar el desarrollo de las políticas neoliberales, a través de su imposición constitucional, y por supuesto alejar la posibilidad de que España pueda llegar a actuar como Islandia o como en su momento hizo Argentina negándose a pagar la deuda ante una situación de máxima gravedad económica.

Pero la ciudadanía social ha ido despertando su hambre de democracia económica, el 15M está siendo un convulsivo social importante y como tal está reaccionando ante esta democracia secuestrada . Cada vez son más las voces críticas que aportan argumentos políticos y económicos contra esta reforma que representa la culminación de un giro en la politica económica hacia planteamientos neoliberales. El profesor Vicenç Navarro, impulsor de la campaña de recogida de firmas exigiendo la celebración de un referendum para ratificar la constitución , habla de un suicidio económico y francamente, creo que no está exagerando. Esta reforma dejará al Estado sin política fiscal y, “al establecer un límite de gasto público, condenará a España a permanecer a la cola del gasto público social de la UE”, lo que, “además de debilitar en gran medida el Estado del Bienestar español, elimina de facto una herramienta del Estado para estimular la economía que requiere un crecimiento muy notable del gasto público”.

Han sido muchas las voces críticas partidarias de políticas fiscales contracícilicas, es decir, que en situación de caída de la actividad económica la expansión del gasto público, bien orientado, puede actuar como factor multiplicativo de la economía facilitando la creación de empleo, la inversión y el consumo; y el aumento de impuestos, contribuye a financiar el mayor gasto realizado. Sin embargo, salvo el rescate de la banca para evitar el ‘colapso financiero’ (Jean Clude-Trichet reconoce que los gobiernos, en Europa y Estados Unidos, habían movilizado el 27 % del PIB para este cometido) y una primera fase precipitada de políticas de gasto, la mayor parte de las políticas de ajuste se han realizado sobre la reducción del gasto público, un error recurrente y denunciado ampliamente por economistas nobeles como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, reconocidos altereconomistas como Juan Torres y economistas feministas como Lourdes Benería, Carmen Sarasúa, Lina Gálvez, María Pazos, Bibiana Medialdea y yo misma, en mis propuestas de andar por casa. Era de esperar que las políticas de ajuste realizadas no permitirían la salida de la crisis. Para que esto hubiera sido posible habría sido necesario, por una parte, facilitar la creación de empleo y el cambio de modelo productivo desde las políticas de gasto y, por otra, mejorar la recaudación de ingresos tributarios del Estado, a través por ejemplo de mayores impuestos para las rentas más altas y el capital, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, la eliminación de los paraísos fiscales y la economía sumergida, la articulación de una nueva tasa sobre las transacciones financieras o la regulación de las operaciones especulativas en los mercados financieros, por citar algunas de las propuestas.
Y así estamos, como se dice, ‘de esos barros, estos lodos’. Que no nos extrañe pues que los datos de evolución del crecimiento económico del segundo trimestre del año muestren el estancamiento de la economía. Es la consecuencia lógica de las decisiones de politica económica adoptadas. En la Eurozona del 0,3 % de crecimiento del PIB durante el primer trimestre se ha pasado a un 0,2% en el segundo trimestre, anunciando una tendencia preocupante que se refleja en gran parte de los países incluyendo Alemania, que ha pasado del 1,1% al 0,1% e incluso Francia que ha pasado del 0,9% al 0,0%. En España el PIB ha pasado de crecer el 0,4% al 0,2% intertrimestral.

La perspectiva económica es preocupante, y más aún porque la reforma constitucional anunciada nos empujará a una dinámica perversa de recesión económica, mayor fractura democrática y fuerte conflictividad social.

En cambio, Islandia, que estuvo en bancarrota, decidió el impago de la deuda y estableció controles al capital está experimentando ya los resultados exitosos de su política de ajuste realizada al margen de las recomendaciones del FMI. El factor distintivo entre este y los países mencionados antes es que en Islandia se mantuvieron las bases de su estado de bienestar y la ciudadanía tomó el control de la situación incluso en la redacción de una nueva constitución.

¿Quieren que les diga más? #yoquierovotar ¿Y ustedes?

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[ Artículo publicado originalmente en LibrodeNotas: ]
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